¿Soberanía o patio trasero? Llevamos la soberanía informática al debate por Malvinas
25 de septiembre de 2026
El viernes 25 de septiembre participamos de la audiencia informativa «¿Soberanía o patio trasero? Los anuncios del gobierno sobre Malvinas en el contexto de la nueva estrategia de dominación hemisférica de EE.UU.», convocada por el diputado nacional Juan Marino en la Sala 1 del Anexo A de la Cámara de Diputados. La audiencia se organizó para discutir el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que el Poder Ejecutivo había enviado al Congreso una semana antes.
Tomás Pomar, presidente de ODIA y docente de Derecho Constitucional y de Justicia Digital en la Facultad de Derecho de la UBA, expuso en el primer bloque junto a Paula Litvachky (CELS), Mariana Altier (Fundación Meridiano) y Rut Diamint (UTDT/CONICET). La audiencia completa está disponible en el canal de YouTube de la Cámara de Diputados, y nuestra exposición puede verse desde el minuto 53:32.
Un silencio atronador
Nos sumamos para señalar algo que el proyecto ignora por completo: la soberanía informática. En el siglo XXI, las discusiones sobre soberanía pasan en gran medida por las infraestructuras públicas digitales y por cómo se estructuran y dónde se alojan los datos. Entender qué proyecto tiene el Estado para esas infraestructuras permite anticipar a qué condicionamientos externos podemos quedar sujetos en los próximos años.
Por eso repasamos tres decisiones del oficialismo de este año que pasaron muy por debajo del radar y que, leídas en conjunto, muestran un rumbo bastante orgánico.
Tres hechos que pasaron por debajo del radar
Febrero de 2026: el acuerdo con Estados Unidos. Su sección 2 obliga a la Argentina a dar certeza jurídica a la transferencia de datos hacia Estados Unidos, lo que en los hechos equivale a reconocerlo como una jurisdicción con protección adecuada. También la obliga a reconocer la validez de las firmas digitales certificadas por empresas estadounidenses. Ya habíamos advertido sobre esa cláusula cuando el acuerdo se firmó. Junto con otras normas, prepara el terreno para que el Estado argentino pase a ser un mero Estado usuario de software. Como decimos muchas veces desde la informática, la nube no es más que la computadora de otra persona en otro país, sometida a otra jurisdicción, a otros jueces y a otras autoridades políticas.
Junio de 2026: Pax Silica. En este acuerdo diplomático, con participación de Cancillería, la Argentina se compromete a formar parte de la cadena de suministro para el desarrollo de la inteligencia artificial «en Occidente» y a coordinar la protección de la inversión privada frente a supuestas distorsiones de mercado. Entre las tecnologías que menciona de forma explícita están los sistemas de tecnologías de la información, los cables de fibra óptica y los centros de datos. Para nosotros, el efecto es claro: limitar nuestra libertad para elegir con quién construimos nuestra infraestructura estratégica.
Julio de 2026: el proyecto de ley de datos personales. El 1 de julio fuimos convocados, junto a otras organizaciones, a una reunión en el Ministerio de Desregulación donde nos presentaron el proyecto para reemplazar la Ley de Protección de Datos Personales. Publicamos el proyecto y nuestro análisis. En síntesis, abandona el principio de consentimiento de la persona titular de los datos en favor de la licitud del tratamiento, y reduce las exigencias para transferir datos al exterior.
¿Por qué traer esto a una discusión sobre Malvinas? Porque una política económica soberana no puede depender de servidores ubicados en el extranjero, expuestos a ataques y a decisiones ajenas. Es un debate que en Brasil, por ejemplo, ya ocupa un lugar central.
Una propuesta concreta: el dominio .fk
Para el caso específico de Malvinas, propusimos algo que el proyecto no contempla y que la comunidad informática y malvinera conoce hace años. ICANN, el organismo que coordina el sistema de nombres de dominio de Internet, reconoce desde hace tiempo el dominio de primer nivel .fk («Falkland Islands»). El Estado argentino nunca presentó una queja formal.
Los dominios geográficos se asignan hoy siguiendo la lista de la ISO, un organismo internacional de estandarización. La Argentina podría sostener que deberían corresponder a los países reconocidos por la Asamblea General de la ONU. Si no lo hacemos, estamos permitiendo que las islas tengan una infraestructura digital propia al servicio de las empresas privadas que van a explotar sus recursos.
Es una mejora posible y modesta para el proyecto: que, al menos, Cancillería empiece a reclamar formalmente ante ICANN.
El ejemplo de los Países Bajos
Cerramos con un caso reciente. Los Países Bajos tienen una infraestructura pública digital de identidad, DigiD, sostenida por varias empresas proveedoras. En mayo, el gobierno neerlandés prohibió la venta de Solvinity, una de esas proveedoras, a la estadounidense Kyndryl, y en octubre ratificó esa decisión. No había migración de datos en juego: el problema era que una capacidad estratégica quedaba sometida a la competencia de los jueces estadounidenses a través de la llamada ley de la nube (CLOUD Act). Y los Países Bajos no son, precisamente, un país que suela cuestionar a Estados Unidos.
Lo digital también es soberanía
Pedimos que la cuestión digital forme parte del debate sobre soberanía. Las infraestructuras públicas digitales cumplen dos funciones: nos permiten competir con quienes ocupan nuestras islas y, al mismo tiempo, proteger lo propio frente al condicionamiento externo.
Agradecemos al diputado Juan Marino por la invitación. El despacho del diputado publicó además el documento de trabajo de la audiencia.