Integridad electoral rumbo a 2027: lo que nos dejan las elecciones en Brasil

El viernes 30 de octubre organizamos una mesa de diálogo sobre la integridad de los procesos electorales de 2027. Nos acompañaron organizaciones de la sociedad civil, periodistas, docentes y personas con experiencia en la administración electoral.

La convocatoria salió de una preocupación concreta. Las elecciones en Brasil volvieron a mostrar los riesgos de la desinformación, los deepfakes y el perfilamiento para un acto central de la vida democrática. Las campañas empiezan en las redes mucho antes que en la calle, y a veces es ahí donde transcurre casi todo el debate público. No quisimos esperar a la primera cuenta de un candidato restringida o a la primera noticia falsa sobre otro: cuanto antes nos sentemos a pensar este tema, mejor vamos a poder advertir a la sociedad y prevenir esos riesgos.

Las reglas electorales no llegan a las plataformas

Abrimos la mesa con un diagnóstico que venimos discutiendo en el observatorio. En la Argentina, la regulación de las campañas se pensó para el espacio radioeléctrico: un espacio público que el Estado concesiona y en el que tiene que asegurar la paridad de armas entre las fuerzas que compiten. Por eso los partidos no pueden contratar espacios en radio y televisión: los distribuye la Dirección Nacional Electoral, como establece el artículo 43 de la ley de financiamiento de los partidos políticos.

Durante décadas construimos una doctrina rica sobre ese espacio común. Pero como las plataformas tienen otra naturaleza jurídica, esos principios todavía no las alcanzan. Las plataformas son un actor que no previeron ni el Código Electoral ni la ley de financiamiento de los partidos. La pregunta que nos ocupa es cómo hacer que los principios constitucionales que siempre ordenaron las campañas lleguen también a los algoritmos y a la monetización de datos.

La experiencia brasileña

Tuvimos la suerte de contar con Raísa Cetra, codirectora ejecutiva de Artigo 19 Brasil y Sudamérica, que estaba en Buenos Aires y se sumó a la mesa. Nos compartió reflexiones todavía preliminares sobre las elecciones de octubre.

Ya en 2022 un grupo de organizaciones brasileñas había formado una coalición contra la desinformación electoral. Para este proceso decidieron ampliar la mirada: desde octubre del año pasado se reunieron con frecuencia creciente, hasta hacerlo todas las semanas, organizadas en grupos de investigación, reglas electorales en el espacio digital e intervención extranjera. A principios de año ya sospechaban que la desinformación no iba a ser el tema central. Había demasiados escándalos reales para explotar, y las mentiras sobre la urna electrónica, que dominaron 2022, ya no rendían lo mismo.

En Brasil, el Tribunal Superior Electoral dicta antes de cada elección resoluciones tan detalladas que funcionan casi como un código electoral propio. Este año obligaron a las plataformas a presentar planes de conformidad para poder vender propaganda electoral, con muy poco tiempo para prepararlos. Google, que no vende publicidad política en Brasil desde 2024, y otras plataformas quedaron afuera de ese mercado: en la práctica, sólo Meta y Kwai ofrecieron avisos electorales, y Meta concentró casi toda la publicidad electoral digital. Además, como en Brasil las organizaciones de la sociedad civil no pueden presentarse ante la justicia electoral, la coalición trabajó con la fiscalía electoral y contrató abogados electoralistas propios.

Los problemas que encontraron se pueden ordenar en tres grupos:

1. Propaganda y publicidad. Avisos que siguieron circulando durante la veda y pagos de publicidad desde el exterior. Con la biblioteca de anuncios de Meta, el NetLab de la Universidad Federal de Río de Janeiro identificó 1613 avisos electorales pagados desde el exterior, casi todos desde Estados Unidos, por hasta 2 millones de reales. En otro estudio encontró indicios de que Meta le cobró a la campaña de Lula entre un 33 % y un 43 % más que a la de Flávio Bolsonaro por llegar a la misma cantidad de personas en la primera vuelta. Es el terreno donde más se puede probar, porque hay datos públicos, aunque incompletos.
2. Alcance y recomendaciones. Las reglas prohibían recomendar contenido de un candidato a quien no lo sigue, y las plataformas lo siguieron haciendo. Los chatbots de inteligencia artificial, ante la segunda o tercera pregunta, terminaban diciendo a quién votar, aunque las resoluciones del tribunal lo prohibían, como documentó un monitoreo del ITS Rio difundido por el Ministerio Público Federal. Acá la prueba es mucho más difícil: hacen falta datos de las propias cuentas.
3. El cierre del debate público. Fue lo más grave. Después de la primera vuelta hubo una movilización masiva y orgánica, en la calle y en las redes, y empezaron las denuncias: cuentas de personas comunes, de estudiantes y de comunicadores que pasaban de un alcance del 85 % a uno del 20 %, o que eran bloqueadas con explicaciones genéricas. Un formulario abierto por la organización CTRL+Z reunió 230 denuncias en pocos días, y hoy superan las mil. En ese momento quedó claro que el problema ya no era sólo electoral: estaban en juego la libertad de expresión y de asociación de la ciudadanía.

¿Fue una intervención deliberada o una omisión? Según nos contó, la respuesta de Meta en las reuniones fue que el bloqueo es automático y el restablecimiento, humano, y lento. Para nosotros, aunque se tratara de ataques coordinados de denuncias falsas, la responsabilidad sigue siendo de la empresa que da por válidos esos reportes y deja que un sistema automatizado bloquee cuentas. Por eso la coalición pidió no sólo que se restablecieran las cuentas, sino que se devolviera el alcance perdido, como una forma de derecho de respuesta.

La estrategia se apoyó en tres patas: la justicia común, con una denuncia ante la Procuraduría Federal de los Derechos del Ciudadano que abrió un procedimiento contra Meta; la discusión pública, por ejemplo para rechazar que una movilización digital de personas reales fuera tratada como «comportamiento coordinado inauténtico»; y la protesta social, con una manifestación frente a las oficinas de Meta en San Pablo el 19 de octubre.

Meta Argentina y los jueces

En la conversación surgió un argumento que conocemos bien: la filial local de Meta suele presentarse como una empresa que «sólo vende publicidad» y sostiene que cualquier reclamo hay que hacerlo en Estados Unidos. Recordamos que ese argumento viene perdiendo en los tribunales, como mostraron los fallos de la Corte Suprema en C., F. c. Facebook Argentina y Quinteros c. Facebook Argentina. La nueva estrategia es otra: decir que, por deber de colaboración, la filial le avisa a la casa matriz de las medidas judiciales, sin hacerse cargo de cumplirlas.

También repasamos el antecedente local más cercano. En agosto de 2025, el constitucionalista Andrés Gil Domínguez presentó un amparo electoral preventivo para que el Estado tomara medidas contra los deepfakes antes de las elecciones legislativas de octubre. El fiscal electoral acompañó el pedido, pero la jueza María Servini rechazó el amparo por falta de legitimación: la sola condición de elector no alcanzaba para demostrar un agravio concreto. Lo único que ordenó fue que la Dirección Nacional Electoral informara qué había hecho. La herramienta que quedó a mano fue el Compromiso Ético Digital que impulsa la Cámara Nacional Electoral desde 2019: un acuerdo voluntario y sin dientes entre partidos, plataformas y medios.

Lo que nos llevamos

• Tener normas no alcanza. Brasil tiene un marco mucho más desarrollado que el nuestro y aun así la justicia electoral no tuvo capacidad técnica ni equipos para hacerlo cumplir. Una idea que nos interesa es acercar a las autoridades de protección de datos a los organismos electorales.
• La prueba se construye de antemano. Muchas denuncias no se pudieron sostener porque nadie guardó una captura del aviso de la plataforma. Si convocamos a la gente a denunciar, tiene que ser de una manera que después sirva en un expediente.
• Hay que sumar indicios. Frente a plataformas opacas, la publicidad es la evidencia más sólida, pero juntarla con los casos de alcance y de bloqueos permite mostrar que no son fallas aisladas, sino un patrón que nace del modelo de negocios.
• La soberanía también se discute en las elecciones. En Brasil, la discusión sobre la intervención extranjera se volvió popular por las sanciones y aranceles de Estados Unidos, que apuntaron entre otras cosas contra el sistema de pagos PIX, y en la campaña se logró conectarla con el rol de Meta. A la vez, nos advirtieron sobre las figuras amplias de «injerencia extranjera»: pueden volverse contra la prensa y las organizaciones que reciben financiamiento internacional. Es una advertencia que vale para el proyecto de ley de soberanía que se está discutiendo en nuestro Congreso, como contamos en nuestra exposición en Diputados.

Faltan menos de doce meses para que empiecen las campañas de 2027. Queremos llegar con argumentos, con métricas y, si hace falta, con una buena demanda preparada con tiempo. Seguiremos esta conversación con las organizaciones de Brasil y de la región.

Agradecemos a todas las personas que se acercaron a la mesa, y especialmente a Raísa Cetra y a Artigo 19 por compartir su experiencia.