Desde ODIA, junto a Fundación Vía Libre, intervenimos tempranamente frente a la inclusión de una pregunta que exigía consignar el número de DNI de las personas censadas en el marco del Censo Nacional 2022. Desde el inicio advertimos que esa exigencia alteraba la naturaleza del censo como herramienta estadística y lo transformaba en un mecanismo de identificación nominativa masiva, con riesgos significativos para los derechos fundamentales.
A partir de un trabajo conjunto de análisis jurídico, técnico y normativo, identificamos que la recolección del DNI carecía de justificación estadística suficiente, no estaba acompañada de garantías adecuadas de anonimización y no se ajustaba al régimen legal de protección de datos personales vigente.
Sobre la base de estos hallazgos, diseñamos y promovimos una acción judicial estratégica. Como respuesta a la presentación de la demanda, el Gobierno modificó el diseño original del censo y dispuso que la consignación del número de DNI pasara a ser optativa, evitando así la consolidación obligatoria de una base de datos nominativa a escala nacional.
El caso permitió instalar un debate público relevante sobre los límites constitucionales del tratamiento de datos personales por parte del Estado y sobre la necesidad de preservar el carácter anónimo y no identificatorio de los censos. Se consolidó así como un precedente significativo en materia de protección de datos personales y control democrático de las infraestructuras estatales de información, reafirmando que los censos no son instrumentos de control individual, sino herramientas de conocimiento colectivo al servicio de la sociedad.
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